El artículo aprobado establece que el porcentaje de los fondos municipales destinado al pago de nóminas y remuneraciones pasará de un 25 % a un 30 %
Santo Domingo.- La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios, con el objetivo de aumentar el presupuesto destinado a nómina en los gobiernos locales.
Aunque la iniciativa nació para corregir un vacío legal en la sucesión de autoridades municipales, específicamente tras la renuncia del alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, y de la vicealcaldesa Amparo Custodio, ese contenido fue eliminado por diferencias entre los propios legisladores. El proyecto quedó limitado únicamente a aspectos presupuestarios.
El artículo aprobado establece que el porcentaje de los fondos municipales destinado al pago de nóminas y remuneraciones pasará de un 25 % a un 30 %, incluyendo a funcionarios electos como alcaldes, vicealcaldes, regidores y directores de distritos municipales.
Además, el proyecto contempla que:
- Un 65 % del presupuesto municipal será destinado a infraestructura y equipamiento comunitario.
- El restante 5 % deberá emplearse en programas de educación, salud y género.
Otro cambio significativo fue propuesto por el diputado Juan Medina, quien solicitó la eliminación del párrafo uno del artículo 21, que obligaba a las alcaldías a utilizar los ingresos recaudados únicamente en los servicios por los que fueron cobrados. Con esta eliminación, por ejemplo, los fondos obtenidos por recogida de basura no necesariamente deberán invertirse en mejorar ese mismo servicio.
El nuevo texto también dispone que la Cámara de Cuentas realice auditorías anuales a los ayuntamientos para asegurar el cumplimiento de la distribución presupuestaria. En caso de violaciones, los responsables podrían enfrentar hasta cinco años de prisión y pagar indemnizaciones equivalentes a entre cinco y veinte salarios mínimos.
Durante el debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recordó que esta iniciativa no es nueva, ya que se han discutido propuestas similares desde 2018. El proyecto, impulsado por las diputadas Dharuelly D’Aza y María Mercedes Ortiz, pasa ahora al Senado para su revisión y eventual aprobación definitiva.
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